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Quien no posee los medios para afrontar una causa civil o administrativa que no aparezca a primera vista manifiestamente infundada o temeraria, puede pedir la asistencia judiciaria al Estado. Demostrando detalladamente y con documentos idóneos que el mínimo para la existencia no es suficientemente cubierto por los réditos o eventuales ahorros, se podrá presentar a las autoridades judiciarias el relativo pedido. En caso de concesión, el Cantón anticipará los gastos y pedirá la restitución sólo cuando el asistido posea un patrimonio aceptable dentro de diez años. El asistido no deberá anticipar los gastos judiciarios, mientras que los honorarios del abogado serán cubiertos según las normas cantonales (en el Cantón Ticino el 70 % del honorario). Según los procedimientos penales son aplicables otras reglas: para poder pedir un defensor, no depende del hecho que el imputado no tenga medios financiarios suficientes, sino de la durada de una detención preventiva y de la "importancia y dificultad" del caso. En estas condiciones el imputado tiene derecho a pedir que le venga asignado un defensor a su elexción (inscrito en el álbum de los abogados del Cantón). El estado pagará al abogado un honorario reducido.